Cientos de pobladores procedentes de diferentes zonas de Honduras protestaron este viernes contra la instalación en sus comunidades de las llamadas "ciudades modelo", unos espacios autónomos de los que, según dicen, serán expulsados.
"La patria no se vende, la patria se defiende", gritaron unas 300 personas frente al edificio del Congreso en Tegucigalpa, donde entregaron una petición por escrito respaldada por más de 20.000 firmas para que se derogue la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
"El país no puede ser vendido como lo están vendiendo", dijo el abogado Jorge Adán López a los manifestantes.
En la movilización había pobladores de la isla de Roatán (Caribe), Choloma (norte) y San Marcos de Colón (sur), donde oficialmente el gobierno ha anunciado la instalación de tres ZEDE.
También había habitantes del caribeño Puerto de La Ceiba, según los cuales una cuarta "ciudad modelo" habría comenzado a ser edificada en su comunidad.
El gobierno de Juan Orlando Hernández promueve las ZEDE para instalar emporios industriales con facilidades extremas para los inversionistas, que pueden crear "zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional".
La ley les permite igualmente crear "órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario, así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país".
En La Ceiba "han construido muros en una ZEDE", en cuyo entorno "viven más de mil personas", aseguró a la AFP Alma Miranda, miembro del Frente Común contra las ZEDE.
Las ZEDE son rechazadas por empresarios, iglesias, abogados, universidades y sindicatos.
El independiente Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que serían una suerte de santuarios para los funcionarios hondureños acusados de narcotráfico por la justicia estadounidense.
El propio presidente Hernández es investigado por la fiscalía de Nueva York. Su hermano fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua como narcotraficante "a gran escala".